El sábado, en la sede del Partido Socialista de Luján, el ingeniero agrónomo Claudio Lowy brindó una charla-debate enmarcada en el proyecto para prohibir el uso de glifosato en todo el distrito. El invitado cuestionó la resolución nacional donde se establece la clasificación de los agroquímicos utilizados en el país.
Con la presentación realizada por el Partido Socialista (PS) al Concejo Deliberante para prohibir en todo el partido de Luján la utilización de glifosato, se abrió una instancia de debate sobre un tema que permanecía al margen de la agenda pública local.
En ese marco, el sábado se realizó una charla-debate en la sede del PS que estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Claudio Lowy, reconocido profesional autor de numerosos trabajos vinculados a la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Si bien la actividad contó con una concurrida presencia, llamó la atención la ausencia de los concejales, quienes en una sesión realizada semanas atrás reconocieron la necesidad de “desasnarse” sobre el tema.
La charla, titulada “Acciones para limitar los daños a la salud de los agroquímicos”, abarcó diferentes aspectos de una problemática que crece en el país.
Lowy es impulsor de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que ese organismo recomiende al Poder Ejecutivo Nacional modificar la clasificación de los agroquímicos. Se trata de una propuesta que hace referencia a la resolución 350, dictada en 1999 por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a cargo de Felipe Solá, posteriormente gobernador bonaerense.
Esa norma determina la toxicidad de los productos utilizados en las fumigaciones a partir del método conocido como “Dosis letal aguda 50%” (DL50). De esa manera, si se toma una muestra de ratas, y se le aplica dosis del agroquímico para probar su toxicidad, se buscará la dosis que mata al 50% de los roedores en un período breve. Si la cantidad de sustancia que se le aplica a la muestra es baja y mata al 50%, eso quiere decir que el producto es muy tóxico. Si la cantidad es mucha en parte por millón, entonces el producto es poco tóxico.
Sin embargo, según Lowy la clasificación obtenida de esa fórmula “es la norma infame original”.
“La clasificación no considera ningún otro tipo de daño. No considera si afecta al hígado, no considera si genera cáncer, no considera los daños crónicos, no considera qué pasa si somos sometidos repetidamente a la fumigación. Es decir, sólo considera si mata en un tiempo corto. Además del parámetro de afección, hay que marcar que los estudios que se tienen en cuenta son los de las empresas que fabrican, patentan y comercializan los agroquímicos”, explicó Lowy.
En otras palabras, la clasificación establecida por la resolución 350/99 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata después de algunos años de su aplicación, o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años, o si produce o induce malformaciones congénitas, entre otros posibles males a la salud.
Por otra parte, en la presentación efectuada a la Defensoría del Pueblo se marca que “los agroquímicos que se utilizan en Argentina no se aplican en forma individual, sino que varios de ellos se mezclan en formulados con el objeto de aumentar su toxicidad”, y que “la clasificación del formulado se realiza teniendo en cuenta la clasificación toxicológica del denominado componente activo, y no la de la sustancia más tóxica, haciéndolos parecer ante los usuarios como menos peligrosos de lo que en realidad son”. En síntesis, “la toxicidad indicada para los formulados comercializados no representa su toxicidad real”.
HAMBRE DE SOJA
Aunque no fue el eje de la charla, Lowy dedicó algunos minutos de su disertación para referirse al monocultivo de soja transgénica, un fenómeno que en Argentina se inició a mediados de la década pasada, también gracias a la intervención de Solá. El paquete incluía al glifosato, producido por la multinacional Monsanto (que entre sus “milagrosos” descubrimiento se encuentra el denominado “agente naranja”, utilizado en Vietnam, con severos daños a la salud que todavía persisten en la población de ese país).
Además de la cuestión sanitaria y ambiental, la soja sembrada de manera masiva incluye una amplia transformación socioeconómica que afecta a poblaciones enteras: “La soja transgénica genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas. Por eso, toda la cadena de valor que por ejemplo tenía el algodón se pierde. Si hay un trabajo que es desagradable es ser cosechador manual de algodón. En ese documental (‘Hambre de Soja’) un cosechador de algodón que se quedó sin laburo, y cobra por sus hijos algunos planes sociales, dice que extraña ese trabajo. Los pibes, para mejorar la rentabilidad de las familias van y hacen de banderilleros porque no hay otro laburo”.
El invitado también se refirió a lo ocurrido en el barrio Urquiza de la localidad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, donde quedaron suspendidas las fumigaciones a determinada distancia de la zona urbana. Además del reclamo vecinal, el desencadenante de esa decisión fue un episodio que tuvo como protagonista involuntaria a una nena de dos años, “bañada” con glifosato mientras se encontraba jugando en el patio de su casa. El agroquímico estaba siendo aplicado en un campo cercano sembrado con soja.
OTRO MIRADA
En contraposición al actual sistema agroproductivo -que necesita de elementos altamente contaminantes para los hombres y el propio suelo, y que no toma como elemento central las necesidades alimentarias de las poblaciones sino aspecto exclusivamente económicos-, Lowy se refirió a la agroecología. Al respecto, tomó el ejemplo de San Genaro, una pequeña población ubicada en el norte de Santa Fe.
“Hablé con un productor y me contó que todos los meses tiene clientes nuevos sin tener que salir a hacer ninguna publicidad. Pero tiene que trabajar, ese sí se levanta a las 5 de la mañana, no alquila el campo. En el caso de la agroecología, la producción de alimentos está en función social, algo que ya está pasando en países como España, que no es justamente un país socialista o comunista. Estamos hablando de privilegiar la producción de alimentos de la población que vive cerca del lugar donde se están produciendo, eso es soberanía y seguridad alimentaria.
“Si producimos en grandes extensiones, en primera instancia hay una fuerte incidencia en las laborales culturales que hay que hacer, y en segundo lugar hay una fuerte incidencia por el transporte. No es cierto que las producciones agroecológicas no sean rentables. Mientras que la otra producción daña sistemáticamente el recurso productivo principal que es el suelo”, explicó Lowy.
A la hora del debate, una de las participantes del público marcó una alternativa que, a pesar de las asimetrías, parece dar buenos resultados: “Tenemos que estar organizándonos para un nuevo modelo productivo, que no significa esperar ese cambio desde los Estados o del gobierno de turno. Este nuevo modelo de producción va a surgir a medida que las organizaciones y movimientos sociales salgan organizadamente a reclamar, a proponer y a resistir. Ese cambio tiene que venir de los pueblos organizados. Así como en Esquel dijeron que no querían la minería a cielo abierto, se organizaron, lucharon y vencieron; hoy en Luján no queremos el glifosato. Este modelo es de superexplotación, para la superganancia de la superminoría de gente, a costa de los pequeños productores”.
Con la presentación realizada por el Partido Socialista (PS) al Concejo Deliberante para prohibir en todo el partido de Luján la utilización de glifosato, se abrió una instancia de debate sobre un tema que permanecía al margen de la agenda pública local.
En ese marco, el sábado se realizó una charla-debate en la sede del PS que estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Claudio Lowy, reconocido profesional autor de numerosos trabajos vinculados a la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Si bien la actividad contó con una concurrida presencia, llamó la atención la ausencia de los concejales, quienes en una sesión realizada semanas atrás reconocieron la necesidad de “desasnarse” sobre el tema.
La charla, titulada “Acciones para limitar los daños a la salud de los agroquímicos”, abarcó diferentes aspectos de una problemática que crece en el país.
Lowy es impulsor de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que ese organismo recomiende al Poder Ejecutivo Nacional modificar la clasificación de los agroquímicos. Se trata de una propuesta que hace referencia a la resolución 350, dictada en 1999 por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a cargo de Felipe Solá, posteriormente gobernador bonaerense.
Esa norma determina la toxicidad de los productos utilizados en las fumigaciones a partir del método conocido como “Dosis letal aguda 50%” (DL50). De esa manera, si se toma una muestra de ratas, y se le aplica dosis del agroquímico para probar su toxicidad, se buscará la dosis que mata al 50% de los roedores en un período breve. Si la cantidad de sustancia que se le aplica a la muestra es baja y mata al 50%, eso quiere decir que el producto es muy tóxico. Si la cantidad es mucha en parte por millón, entonces el producto es poco tóxico.
Sin embargo, según Lowy la clasificación obtenida de esa fórmula “es la norma infame original”.
“La clasificación no considera ningún otro tipo de daño. No considera si afecta al hígado, no considera si genera cáncer, no considera los daños crónicos, no considera qué pasa si somos sometidos repetidamente a la fumigación. Es decir, sólo considera si mata en un tiempo corto. Además del parámetro de afección, hay que marcar que los estudios que se tienen en cuenta son los de las empresas que fabrican, patentan y comercializan los agroquímicos”, explicó Lowy.
En otras palabras, la clasificación establecida por la resolución 350/99 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata después de algunos años de su aplicación, o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años, o si produce o induce malformaciones congénitas, entre otros posibles males a la salud.
Por otra parte, en la presentación efectuada a la Defensoría del Pueblo se marca que “los agroquímicos que se utilizan en Argentina no se aplican en forma individual, sino que varios de ellos se mezclan en formulados con el objeto de aumentar su toxicidad”, y que “la clasificación del formulado se realiza teniendo en cuenta la clasificación toxicológica del denominado componente activo, y no la de la sustancia más tóxica, haciéndolos parecer ante los usuarios como menos peligrosos de lo que en realidad son”. En síntesis, “la toxicidad indicada para los formulados comercializados no representa su toxicidad real”.
HAMBRE DE SOJA
Aunque no fue el eje de la charla, Lowy dedicó algunos minutos de su disertación para referirse al monocultivo de soja transgénica, un fenómeno que en Argentina se inició a mediados de la década pasada, también gracias a la intervención de Solá. El paquete incluía al glifosato, producido por la multinacional Monsanto (que entre sus “milagrosos” descubrimiento se encuentra el denominado “agente naranja”, utilizado en Vietnam, con severos daños a la salud que todavía persisten en la población de ese país).
Además de la cuestión sanitaria y ambiental, la soja sembrada de manera masiva incluye una amplia transformación socioeconómica que afecta a poblaciones enteras: “La soja transgénica genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas. Por eso, toda la cadena de valor que por ejemplo tenía el algodón se pierde. Si hay un trabajo que es desagradable es ser cosechador manual de algodón. En ese documental (‘Hambre de Soja’) un cosechador de algodón que se quedó sin laburo, y cobra por sus hijos algunos planes sociales, dice que extraña ese trabajo. Los pibes, para mejorar la rentabilidad de las familias van y hacen de banderilleros porque no hay otro laburo”.
El invitado también se refirió a lo ocurrido en el barrio Urquiza de la localidad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, donde quedaron suspendidas las fumigaciones a determinada distancia de la zona urbana. Además del reclamo vecinal, el desencadenante de esa decisión fue un episodio que tuvo como protagonista involuntaria a una nena de dos años, “bañada” con glifosato mientras se encontraba jugando en el patio de su casa. El agroquímico estaba siendo aplicado en un campo cercano sembrado con soja.
OTRO MIRADA
En contraposición al actual sistema agroproductivo -que necesita de elementos altamente contaminantes para los hombres y el propio suelo, y que no toma como elemento central las necesidades alimentarias de las poblaciones sino aspecto exclusivamente económicos-, Lowy se refirió a la agroecología. Al respecto, tomó el ejemplo de San Genaro, una pequeña población ubicada en el norte de Santa Fe.
“Hablé con un productor y me contó que todos los meses tiene clientes nuevos sin tener que salir a hacer ninguna publicidad. Pero tiene que trabajar, ese sí se levanta a las 5 de la mañana, no alquila el campo. En el caso de la agroecología, la producción de alimentos está en función social, algo que ya está pasando en países como España, que no es justamente un país socialista o comunista. Estamos hablando de privilegiar la producción de alimentos de la población que vive cerca del lugar donde se están produciendo, eso es soberanía y seguridad alimentaria.
“Si producimos en grandes extensiones, en primera instancia hay una fuerte incidencia en las laborales culturales que hay que hacer, y en segundo lugar hay una fuerte incidencia por el transporte. No es cierto que las producciones agroecológicas no sean rentables. Mientras que la otra producción daña sistemáticamente el recurso productivo principal que es el suelo”, explicó Lowy.
A la hora del debate, una de las participantes del público marcó una alternativa que, a pesar de las asimetrías, parece dar buenos resultados: “Tenemos que estar organizándonos para un nuevo modelo productivo, que no significa esperar ese cambio desde los Estados o del gobierno de turno. Este nuevo modelo de producción va a surgir a medida que las organizaciones y movimientos sociales salgan organizadamente a reclamar, a proponer y a resistir. Ese cambio tiene que venir de los pueblos organizados. Así como en Esquel dijeron que no querían la minería a cielo abierto, se organizaron, lucharon y vencieron; hoy en Luján no queremos el glifosato. Este modelo es de superexplotación, para la superganancia de la superminoría de gente, a costa de los pequeños productores”.
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