Vecinos de Luján pelean contra una mega curtiembre en la zona urbana de Jáuregui, que a fin de año recibió la habilitación provincial en secreto
El partido bonaerense de Luján es reconocido por muchas cosas. Es capital de la tradición, ícono religioso, tiene el museo Udaondo y pronto podría empezar a organizar la Fiesta Nacional del Medioambiente Contaminado. En la localidad de Jáuregui, a siete kilómetros de la basílica y en medio de la zona urbana, se ubica la empresa de capitales italianos Curtarsa S.A., dedicada a producir cuero.
Instalada allí por medio siglo, con el desembarco del Italian Leather Group en los ’90 se convirtió en un monstruo que hoy es el quinto exportador de cueros del país, pero contamina tierra, agua y aire, sin admitir ninguna prueba del daño que ocasiona con cierta venia oficial.
“Lo más complejo del proceso de la curtiembre es la utilización del cromo, que es cancerígeno y Curtarsa no está en las afueras sino que está en el pueblo”, dice a Miradas al Sur Santiago Deschutter, miembro de la Asamblea Ambiental de vecinos del partido de Luján. El mismo que cuenta que la semana pasada estuvieron listas las estadísticas de los fallecimientos en Jáuregui de los últimos 10 años, y que indican que “mientras la media nacional de muertos por cáncer es del 18 por ciento, en Jáuregui, el año pasado fue del 45. Y el promedio de los últimos 10 años, del 39. De tres personas que fallecen, uno y medio lo hace de cáncer”, grafica. “Además –agrega Deschutter– otro dato relevante es que hay una venta muy elevada de remedios para enfermedades respiratorias y de la piel.”
En cueros y a los gritos. Se sabe, la curtiembre es una de las industrias de mayor impacto ecológico negativo. Sobre todo desde que los procedimientos minerales suplantaron a los vegetales. Ello explica que el cromo nade por el río Luján, se pose en sus barros y se filtre a las napas subterráneas. O que el ácido sulfhídrico perfume de huevo podrido el aire de Jáuregui y se coma todo lo que es de metal en la ciudad. Aunque ni la empresa ni el gobierno provincial lo admitan, lo cierto es que hasta las lápidas del cementerio de Jáuregui lo delatan, y deben ser de otro material porque ni el bronce resiste ese aire. Además nadie puede explicar los miles de peces que flotaban en el agua este miércoles, luego de un día entero con el olor más fuerte que nunca.
En la primavera menemista que trajo a los capitales italianos florecieron las primeras organizaciones vecinales, madres de la actual Asamblea Ambiental e hijas directas de la necesidad. Cuando la curtiembre multiplicó su impacto, la gente de Jáuregui se quedó sin agua potable. Ese fue el germen que después de 16 años terminó con la marcha del sábado anterior por la ciudad. Y que tiene sitio web propio dedicado a la problemática (www.asambleaambiental.com.ar) como maduración del reclamo histórico, sobre todo, en los dos últimos años, desde fines del 2009, cuando venció el Certificado Ambiental de Curtarsa y la ilusión de detenerla se hizo más concreta.
Esta magnífica empresa es de Categoría 3, lo que la coloca en la órbita de la provincia, específicamente, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (Opds), para mal de los vecinos, que de a poco habían conseguido el apoyo municipal. De hecho, la intendenta Graciela Rosso tiene presentada una denuncia penal contra la empresa por la contaminación y un recurso de amparo contra un acuerdo suyo con el Opds.
Sin embargo, ni ello, ni las postergadas reuniones entre Rosso y el gobernador Daniel Scioli, ni el caso omiso que el ex motonauta hiciera de las cuatro cartas que los vecinos le presentaron (tres en mano) pidiéndole audiencia, ni los encontronazos con los batatas del sindicato del cuero apagaban la esperanza comunal. Hacía más de un año que la empresa carecía de certificado y además tenía un horno de secado de barro ilegal, lo que sumaba argumentos en su contra. Como corolario, “el 28 y 29 de diciembre mandó telegramas de despido a cerca de 40 personas con la excusa de que no podía producir por no tener el certificado”, explica a Miradas al Sur, Horacio Papaleo, periodista del tradicional bisemanario lujanense, El Civismo. Para más intranquilidad, apenas empezó a correr enero un rumor desde adentro de la fábrica aseguraba que la empresa ya tenía su certificado renovado.
Papaleo y su compañero de El Civismo, Nicolás Grande, realizaron una investigación sobre el tema, tan extensa como completa, que publicaron con el título general de Contaminados, durante 15 sábados de la segunda mitad del 2009. El trabajo ganó el premio Adepa. Y está previsto que a fines de marzo se convierta en libro. “De fines de año pasado a hoy pasaron unas cuantas cosas. A tal punto que tuvimos que agregar un capítulo al libro. El 21 de diciembre el Opds renovó el certificado de Aptitud Ambiental a Curtarsa y a la municipalidad no le informaron”, cuenta Papaleo y es fácil caer en la cuenta de que cuando la empresa despidió a sus trabajadores sabía desde hacía una semana que ya contaba con el certificado.
La intendenta Rosso quedó mal parada con su apoyo a los vecinos, situación que empeoró la semana pasada cuando en La Plata, negaron dos veces una copia del Certificado de la Opds al municipio. Para Papaleo, al apoyar abiertamente la última marcha de los vecinos, Rosso “salió a cuestionar claramente a Scioli y a la provincia”. La renovación al fin se conoció y no tiene más de siete artículos y apenas alguna observación al horno irregular. El periodista detalla que “el único argumento conocido lo dio la intendenta en conferencia de prensa y es que la provincia priorizó las 450 fuentes de trabajo, aunque, Rosso –recuerda Papaleo- nunca planteó que se relocalizara ni mucho menos que cerrara la planta”. Y agrega: “Tampoco la Asamblea plantea que cierre la planta, sino su relocalización en una zona menos urbana, más acorde con la producción. Es muy grande la curtiembre, en plena actividad -y tiene planes de expansión- curte entre 8 y 10 mil cueros por día”. Durante el año en que Contaminados se publicaba, “el nivel de mortandad por cáncer en Jáuregui fue del 50 por ciento y el salto, directamente o no, coincide con el crecimiento brutal de la planta”, fija Papaleo.
Imagen y negligencia. Al oeste de la Capital Federal los vecinos dicen varias cosas. Recuerdan al menos tres “accidentes mortales en la planta, por negligencia de la empresa”, aseguran que “el laburo es de terror”, los desconfiados de siempre juran que “al sindicato del cuero lo tienen súper comprado” y muchos reconocen también que “hay trabajadores que defienden a la empresa porque paga muy buenas quincenas”. Y a pesar de que “tienen muchísimos contratados, por agencia, entonces los vuelan de un plumazo, los vuelven a contratar y no les pagan indemnizaciones”.
También allí nombran al hacedor de sus males: José Molina. Del titular de la Opds dicen que “es de Pilar”, que “fue senador” y “presidente de la comisión de Industria y Minería”. Exageran con que es “un tipo nefasto e impresentable” y que “el Opds se maneja de manera totalmente funcional y cómplice a la empresa”.
Para ningún lujanense es novedad todo esto, pero el resto poco supo de las ocho marchas que hicieron los vecinos el año pasado, a La Plata, a Mercedes; o del corte de la Ruta Nacional 5. También dicen que al principio se sintieron acompañados por canales de noticias y noticieros, pero a partir de marzo, algo cambió. “La empresa contrata una consultora de imagen y a partir de ahí, cada vez que hicimos algo no vino más ningún medio nacional”, impacta Deschutter, que asegura que se trata de la empresa MDG, de Miguel de Godoy. Su cartera de clientes ostenta empresas como Mc Donald’s, Farmacity, las cafeterías Aroma, Carrefour, Musimundo y Radio10, e instituciones como Corporación Buenos Aires Sur o la Cámara de la Industria Curtidora Argentina. Miguel de Godoy el 16 pasado volvió de sus vacaciones y reanudó su actividad como secretario de Medios porteño. Su nombre se vio salpicado hace un tiempo en una trama que involucra a más de un centenar de sindicalistas (Gerardo Martínez, Armando Cavalieri y Juan José Zanola, entre otros) por haber desviado millones de un crédito de 285 millones de dólares concedido por el Banco Mundial en tiempos de Carlos Menem, a extrañas contrataciones de consultoras de imagen, caso que tocó de distinta forma a dos fiscales que saltaron a la arena política: Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli.
Gentileza "Miradas del Sur"
El partido bonaerense de Luján es reconocido por muchas cosas. Es capital de la tradición, ícono religioso, tiene el museo Udaondo y pronto podría empezar a organizar la Fiesta Nacional del Medioambiente Contaminado. En la localidad de Jáuregui, a siete kilómetros de la basílica y en medio de la zona urbana, se ubica la empresa de capitales italianos Curtarsa S.A., dedicada a producir cuero.
Instalada allí por medio siglo, con el desembarco del Italian Leather Group en los ’90 se convirtió en un monstruo que hoy es el quinto exportador de cueros del país, pero contamina tierra, agua y aire, sin admitir ninguna prueba del daño que ocasiona con cierta venia oficial.
“Lo más complejo del proceso de la curtiembre es la utilización del cromo, que es cancerígeno y Curtarsa no está en las afueras sino que está en el pueblo”, dice a Miradas al Sur Santiago Deschutter, miembro de la Asamblea Ambiental de vecinos del partido de Luján. El mismo que cuenta que la semana pasada estuvieron listas las estadísticas de los fallecimientos en Jáuregui de los últimos 10 años, y que indican que “mientras la media nacional de muertos por cáncer es del 18 por ciento, en Jáuregui, el año pasado fue del 45. Y el promedio de los últimos 10 años, del 39. De tres personas que fallecen, uno y medio lo hace de cáncer”, grafica. “Además –agrega Deschutter– otro dato relevante es que hay una venta muy elevada de remedios para enfermedades respiratorias y de la piel.”
En cueros y a los gritos. Se sabe, la curtiembre es una de las industrias de mayor impacto ecológico negativo. Sobre todo desde que los procedimientos minerales suplantaron a los vegetales. Ello explica que el cromo nade por el río Luján, se pose en sus barros y se filtre a las napas subterráneas. O que el ácido sulfhídrico perfume de huevo podrido el aire de Jáuregui y se coma todo lo que es de metal en la ciudad. Aunque ni la empresa ni el gobierno provincial lo admitan, lo cierto es que hasta las lápidas del cementerio de Jáuregui lo delatan, y deben ser de otro material porque ni el bronce resiste ese aire. Además nadie puede explicar los miles de peces que flotaban en el agua este miércoles, luego de un día entero con el olor más fuerte que nunca.
En la primavera menemista que trajo a los capitales italianos florecieron las primeras organizaciones vecinales, madres de la actual Asamblea Ambiental e hijas directas de la necesidad. Cuando la curtiembre multiplicó su impacto, la gente de Jáuregui se quedó sin agua potable. Ese fue el germen que después de 16 años terminó con la marcha del sábado anterior por la ciudad. Y que tiene sitio web propio dedicado a la problemática (www.asambleaambiental.com.ar) como maduración del reclamo histórico, sobre todo, en los dos últimos años, desde fines del 2009, cuando venció el Certificado Ambiental de Curtarsa y la ilusión de detenerla se hizo más concreta.
Esta magnífica empresa es de Categoría 3, lo que la coloca en la órbita de la provincia, específicamente, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (Opds), para mal de los vecinos, que de a poco habían conseguido el apoyo municipal. De hecho, la intendenta Graciela Rosso tiene presentada una denuncia penal contra la empresa por la contaminación y un recurso de amparo contra un acuerdo suyo con el Opds.
Sin embargo, ni ello, ni las postergadas reuniones entre Rosso y el gobernador Daniel Scioli, ni el caso omiso que el ex motonauta hiciera de las cuatro cartas que los vecinos le presentaron (tres en mano) pidiéndole audiencia, ni los encontronazos con los batatas del sindicato del cuero apagaban la esperanza comunal. Hacía más de un año que la empresa carecía de certificado y además tenía un horno de secado de barro ilegal, lo que sumaba argumentos en su contra. Como corolario, “el 28 y 29 de diciembre mandó telegramas de despido a cerca de 40 personas con la excusa de que no podía producir por no tener el certificado”, explica a Miradas al Sur, Horacio Papaleo, periodista del tradicional bisemanario lujanense, El Civismo. Para más intranquilidad, apenas empezó a correr enero un rumor desde adentro de la fábrica aseguraba que la empresa ya tenía su certificado renovado.
Papaleo y su compañero de El Civismo, Nicolás Grande, realizaron una investigación sobre el tema, tan extensa como completa, que publicaron con el título general de Contaminados, durante 15 sábados de la segunda mitad del 2009. El trabajo ganó el premio Adepa. Y está previsto que a fines de marzo se convierta en libro. “De fines de año pasado a hoy pasaron unas cuantas cosas. A tal punto que tuvimos que agregar un capítulo al libro. El 21 de diciembre el Opds renovó el certificado de Aptitud Ambiental a Curtarsa y a la municipalidad no le informaron”, cuenta Papaleo y es fácil caer en la cuenta de que cuando la empresa despidió a sus trabajadores sabía desde hacía una semana que ya contaba con el certificado.
La intendenta Rosso quedó mal parada con su apoyo a los vecinos, situación que empeoró la semana pasada cuando en La Plata, negaron dos veces una copia del Certificado de la Opds al municipio. Para Papaleo, al apoyar abiertamente la última marcha de los vecinos, Rosso “salió a cuestionar claramente a Scioli y a la provincia”. La renovación al fin se conoció y no tiene más de siete artículos y apenas alguna observación al horno irregular. El periodista detalla que “el único argumento conocido lo dio la intendenta en conferencia de prensa y es que la provincia priorizó las 450 fuentes de trabajo, aunque, Rosso –recuerda Papaleo- nunca planteó que se relocalizara ni mucho menos que cerrara la planta”. Y agrega: “Tampoco la Asamblea plantea que cierre la planta, sino su relocalización en una zona menos urbana, más acorde con la producción. Es muy grande la curtiembre, en plena actividad -y tiene planes de expansión- curte entre 8 y 10 mil cueros por día”. Durante el año en que Contaminados se publicaba, “el nivel de mortandad por cáncer en Jáuregui fue del 50 por ciento y el salto, directamente o no, coincide con el crecimiento brutal de la planta”, fija Papaleo.
Imagen y negligencia. Al oeste de la Capital Federal los vecinos dicen varias cosas. Recuerdan al menos tres “accidentes mortales en la planta, por negligencia de la empresa”, aseguran que “el laburo es de terror”, los desconfiados de siempre juran que “al sindicato del cuero lo tienen súper comprado” y muchos reconocen también que “hay trabajadores que defienden a la empresa porque paga muy buenas quincenas”. Y a pesar de que “tienen muchísimos contratados, por agencia, entonces los vuelan de un plumazo, los vuelven a contratar y no les pagan indemnizaciones”.
También allí nombran al hacedor de sus males: José Molina. Del titular de la Opds dicen que “es de Pilar”, que “fue senador” y “presidente de la comisión de Industria y Minería”. Exageran con que es “un tipo nefasto e impresentable” y que “el Opds se maneja de manera totalmente funcional y cómplice a la empresa”.
Para ningún lujanense es novedad todo esto, pero el resto poco supo de las ocho marchas que hicieron los vecinos el año pasado, a La Plata, a Mercedes; o del corte de la Ruta Nacional 5. También dicen que al principio se sintieron acompañados por canales de noticias y noticieros, pero a partir de marzo, algo cambió. “La empresa contrata una consultora de imagen y a partir de ahí, cada vez que hicimos algo no vino más ningún medio nacional”, impacta Deschutter, que asegura que se trata de la empresa MDG, de Miguel de Godoy. Su cartera de clientes ostenta empresas como Mc Donald’s, Farmacity, las cafeterías Aroma, Carrefour, Musimundo y Radio10, e instituciones como Corporación Buenos Aires Sur o la Cámara de la Industria Curtidora Argentina. Miguel de Godoy el 16 pasado volvió de sus vacaciones y reanudó su actividad como secretario de Medios porteño. Su nombre se vio salpicado hace un tiempo en una trama que involucra a más de un centenar de sindicalistas (Gerardo Martínez, Armando Cavalieri y Juan José Zanola, entre otros) por haber desviado millones de un crédito de 285 millones de dólares concedido por el Banco Mundial en tiempos de Carlos Menem, a extrañas contrataciones de consultoras de imagen, caso que tocó de distinta forma a dos fiscales que saltaron a la arena política: Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli.
Gentileza "Miradas del Sur"
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