Por Irina Gari
“Cuando los vecinos dicen que “hay olor a Curtarsa” resulta suficiente para comprender que en Argentina muchas empresas huelen mal” (extracto del comunicado de prensa de la Asamblea Ambiental de Luján)
“Cuando los vecinos dicen que “hay olor a Curtarsa” resulta suficiente para comprender que en Argentina muchas empresas huelen mal” (extracto del comunicado de prensa de la Asamblea Ambiental de Luján)
“Vivo acá por que esto es hermoso. Nadie tiene el derecho de decirme a mí y a mis hijos que nos vayamos. De acá no me mueve nadie”, dice convencida Laura, vecina de Jáuregui e integrante de la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del Partido de Luján. Y lo dice con mucha razón, ya que ella como muchos vecinos del pintoresco Jáuregui ven cotidianamente cómo la contaminación proveniente de la curtiembre Curtars.a. amenaza su calidad de vida de manera irrecuperable.
La curtiembre, que desde los ’90 pertenece a capitales italianos, se instaló a fines de la década de los ’60 y a lo largo de estos años ha ampliado su escala de producción convirtiéndose en una de las más importantes de nuestro país. En la actualidad se curten 8.000 cueros por día que se exportan principalmente a países de la Unión Europea y son demandados por las empresas de automóviles más conocidas para sus tapizados e interiores. Para esto, se extraen alrededor de ocho millones de litros de agua de las napas por día, una cifra equivalente al consumo diario de 80mil habitantes. La planta industrial está emplazada dentro del casco urbano del pueblo de Jáuregui, frente a las casas de numerosos vecinos. El ruido que producen las bombas es constante y el olor insoportable, según denuncian los pobladores. “¡Jáuregui es el mayor accionista en sahumerios!”, cuentan los vecinos irónicamente.
CURTARSA. Más de 40 años contaminando Jáuregui (Luján En Línea)
Los desechos del proceso industrial son arrojados al río Luján: “entre ellos se denota la presencia de cromo, mercurio, arsénico, cadmio, nitratos y nitritos. Estos materiales se hallan también en las napas subterráneas, y se encuentran en niveles superiores a los permitidos por el Código Alimentario Argentino”, se denuncia en un comunicado de prensa de la Asamblea Ambiental de Lujan.
Pero el cúmulo de irregularidades no termina ahí: se instaló sin previa autorización un horno deshidratador de barros para reducir los gastos de transporte y tratamiento de sus barros contaminados. Esto implicó que la empresa tratara in situ parte de sus deshechos, generando gases que, además del olor, podrían arrastrar metales pesados a la atmósfera que respiran los vecinos de Jáuregui. “El día que funcionó el horno había chicos jugando en El Timón –Club Náutico sobre el Río Lujan– y se cayeron desmayados. Para que te des una idea, los ladrillos que salían del horno eran azules”, cuenta Laura. La puesta en funcionamiento de este horno le costó a la empresa su primera clausura el año pasado. “Es así, cuando ven que la lucha viene tomando fuerza y que los vecinos nos empezamos a organizar les clausuran por un rato, les mandan monitoreos, como para calmar las aguas, pero después sigue funcionando todo con normalidad. Eso es muy difícil y desmoviliza muchísimo”, agrega.
Las consecuencias en las condiciones sanitarias de la población de la zona ya se hacían sentir a mediados de los ’90: lo más común en Jáuregui es el cáncer, las afecciones en la piel y a las vías respiratorias. Un dato no menor, es que la venta de antialérgicos en el pueblo incrementó en un 40% los últimos diez años. Además, ex obreros de la empresa presentan graves incapacidades de origen laboral: “Vos laburás tres meses ahí y después no servís para otro trabajo. La empresa paga los tratamientos de los trabajadores, y es imposible hacerles juicio”, cuenta otra vecina.
ALERTA. Consecuencias de vivir cerca de una curtiembre. (Iconoclasistas)
Divide y reinarás
Algo interesante a destacar sobre la intensa trayectoria de la Asamblea Ambiental de Luján es cómo ha trasformado sus reclamos a lo largo de estos meses. La movilización por los problemas derivados de esta curtiembre en Jáuregui se intensificó desde diciembre del año pasado cuando los vecinos se enteraron de que se le había otorgado a la empresa el certificado de aptitud ambiental. Curtarsa, al ver deteriorada su imagen pública ante las diversas denuncias de los movimientos sociales, decidió contratar a una agencia que la asesorara en este aspecto. Desde entonces, el sindicato de trabajadores, claramente alineado con la patronal, encabeza una estrategia de descrédito y acusa a los asambleístas de no importarles las fuentes de trabajo de más de 500 familias en la zona, manifestando vez más, la falsa dicotomía entre puestos de trabajo o medioambiente. Éstas son las manipulaciones que la asamblea denuncia, junto con la amenaza del cierre de fábrica por parte del presidente de la empresa, el italiano Attilio D’Apolito, quien declara que Curtarsa está al borde de la quiebra pero nunca ha hecho públicos los números de la misma. “Esta situación de crisis denunciada, sin embargo, se contrapone con la más que generosa recaudación que la empresa alcanzó durante el año pasado, más de 31 millones de dólares, ubicándose entre las curtiembres con más ganancias del país. Por lo tanto, al hablar de cierre sólo se busca generar temor entre los trabajadores y fogonear un enfrentamiento entre dos partes directamente afectadas por la contaminación” argumenta el comunicado de prensa de la Asamblea Ambiental de Luján.
Es por dicha manipulación que los vecinos organizados en la asamblea ya no reclaman por el cierre de la planta, lo cual en su momento desató fuerte polémica, sino que exigen como salida al conflicto la relocalización planificada de la empresa, bajo nuevas condiciones de producción, por ser la alternativa que garantiza las fuentes laborales y soluciona el continuado proceso de deterioro ambiental y sanitario ocasionado por Curtarsa.
Junto con la relocalización, otro punto importante en donde enfocan sus reclamos los vecinos, es en cuanto al rol del control estatal. Lejos está el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de cumplir eficientemente su obligación de intervenir en el tema. Ya que la planta industrial, con el sólo hecho de estar ubicada en el medio del pueblo debería ser relocalizada. Según la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), una industria de estas características debe situarse a una distancia no menor a 10km de las zonas pobladas, “por esta razón ni siquiera deberían existir aquello que ellos llaman monitoreos”. Los monitoreos, a su vez, deberían darse durante una semana, varias veces por día. “El día que monitorearon estuvieron dos horas, en las que inmediatamente se fue el olor”, dice Laura con indignación. Por eso mismo, una de las banderas que sostiene la asamblea es no reconocer a la OPDS como un organismo que controle eficientemente. “La OPDS jamás nos da información. Tanto ellos, como el hospital y la Universidad Nacional de Luján en complicidad nos niegan información necesaria para confeccionar nuestro mapa de la muerte”, agrega otro de los vecinos entrevistados.
Sin lugar a dudas, Curtarsa es un ejemplo más de las empresas que se rigen por el derecho adquirido y el dejar hacer por parte del Estado, rasgo nada grato y heredado de los ’90. El pueblo de Jáuregui está cansado, y es hora de iniciar un proceso tendiente a la relocalización de la planta industrial como salida a la conflictividad social y a este histórico reclamo popular.
La curtiembre, que desde los ’90 pertenece a capitales italianos, se instaló a fines de la década de los ’60 y a lo largo de estos años ha ampliado su escala de producción convirtiéndose en una de las más importantes de nuestro país. En la actualidad se curten 8.000 cueros por día que se exportan principalmente a países de la Unión Europea y son demandados por las empresas de automóviles más conocidas para sus tapizados e interiores. Para esto, se extraen alrededor de ocho millones de litros de agua de las napas por día, una cifra equivalente al consumo diario de 80mil habitantes. La planta industrial está emplazada dentro del casco urbano del pueblo de Jáuregui, frente a las casas de numerosos vecinos. El ruido que producen las bombas es constante y el olor insoportable, según denuncian los pobladores. “¡Jáuregui es el mayor accionista en sahumerios!”, cuentan los vecinos irónicamente.
CURTARSA. Más de 40 años contaminando Jáuregui (Luján En Línea)
Los desechos del proceso industrial son arrojados al río Luján: “entre ellos se denota la presencia de cromo, mercurio, arsénico, cadmio, nitratos y nitritos. Estos materiales se hallan también en las napas subterráneas, y se encuentran en niveles superiores a los permitidos por el Código Alimentario Argentino”, se denuncia en un comunicado de prensa de la Asamblea Ambiental de Lujan.
Pero el cúmulo de irregularidades no termina ahí: se instaló sin previa autorización un horno deshidratador de barros para reducir los gastos de transporte y tratamiento de sus barros contaminados. Esto implicó que la empresa tratara in situ parte de sus deshechos, generando gases que, además del olor, podrían arrastrar metales pesados a la atmósfera que respiran los vecinos de Jáuregui. “El día que funcionó el horno había chicos jugando en El Timón –Club Náutico sobre el Río Lujan– y se cayeron desmayados. Para que te des una idea, los ladrillos que salían del horno eran azules”, cuenta Laura. La puesta en funcionamiento de este horno le costó a la empresa su primera clausura el año pasado. “Es así, cuando ven que la lucha viene tomando fuerza y que los vecinos nos empezamos a organizar les clausuran por un rato, les mandan monitoreos, como para calmar las aguas, pero después sigue funcionando todo con normalidad. Eso es muy difícil y desmoviliza muchísimo”, agrega.
Las consecuencias en las condiciones sanitarias de la población de la zona ya se hacían sentir a mediados de los ’90: lo más común en Jáuregui es el cáncer, las afecciones en la piel y a las vías respiratorias. Un dato no menor, es que la venta de antialérgicos en el pueblo incrementó en un 40% los últimos diez años. Además, ex obreros de la empresa presentan graves incapacidades de origen laboral: “Vos laburás tres meses ahí y después no servís para otro trabajo. La empresa paga los tratamientos de los trabajadores, y es imposible hacerles juicio”, cuenta otra vecina.
ALERTA. Consecuencias de vivir cerca de una curtiembre. (Iconoclasistas)
Divide y reinarás
Algo interesante a destacar sobre la intensa trayectoria de la Asamblea Ambiental de Luján es cómo ha trasformado sus reclamos a lo largo de estos meses. La movilización por los problemas derivados de esta curtiembre en Jáuregui se intensificó desde diciembre del año pasado cuando los vecinos se enteraron de que se le había otorgado a la empresa el certificado de aptitud ambiental. Curtarsa, al ver deteriorada su imagen pública ante las diversas denuncias de los movimientos sociales, decidió contratar a una agencia que la asesorara en este aspecto. Desde entonces, el sindicato de trabajadores, claramente alineado con la patronal, encabeza una estrategia de descrédito y acusa a los asambleístas de no importarles las fuentes de trabajo de más de 500 familias en la zona, manifestando vez más, la falsa dicotomía entre puestos de trabajo o medioambiente. Éstas son las manipulaciones que la asamblea denuncia, junto con la amenaza del cierre de fábrica por parte del presidente de la empresa, el italiano Attilio D’Apolito, quien declara que Curtarsa está al borde de la quiebra pero nunca ha hecho públicos los números de la misma. “Esta situación de crisis denunciada, sin embargo, se contrapone con la más que generosa recaudación que la empresa alcanzó durante el año pasado, más de 31 millones de dólares, ubicándose entre las curtiembres con más ganancias del país. Por lo tanto, al hablar de cierre sólo se busca generar temor entre los trabajadores y fogonear un enfrentamiento entre dos partes directamente afectadas por la contaminación” argumenta el comunicado de prensa de la Asamblea Ambiental de Luján.
Es por dicha manipulación que los vecinos organizados en la asamblea ya no reclaman por el cierre de la planta, lo cual en su momento desató fuerte polémica, sino que exigen como salida al conflicto la relocalización planificada de la empresa, bajo nuevas condiciones de producción, por ser la alternativa que garantiza las fuentes laborales y soluciona el continuado proceso de deterioro ambiental y sanitario ocasionado por Curtarsa.
Junto con la relocalización, otro punto importante en donde enfocan sus reclamos los vecinos, es en cuanto al rol del control estatal. Lejos está el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de cumplir eficientemente su obligación de intervenir en el tema. Ya que la planta industrial, con el sólo hecho de estar ubicada en el medio del pueblo debería ser relocalizada. Según la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), una industria de estas características debe situarse a una distancia no menor a 10km de las zonas pobladas, “por esta razón ni siquiera deberían existir aquello que ellos llaman monitoreos”. Los monitoreos, a su vez, deberían darse durante una semana, varias veces por día. “El día que monitorearon estuvieron dos horas, en las que inmediatamente se fue el olor”, dice Laura con indignación. Por eso mismo, una de las banderas que sostiene la asamblea es no reconocer a la OPDS como un organismo que controle eficientemente. “La OPDS jamás nos da información. Tanto ellos, como el hospital y la Universidad Nacional de Luján en complicidad nos niegan información necesaria para confeccionar nuestro mapa de la muerte”, agrega otro de los vecinos entrevistados.
Sin lugar a dudas, Curtarsa es un ejemplo más de las empresas que se rigen por el derecho adquirido y el dejar hacer por parte del Estado, rasgo nada grato y heredado de los ’90. El pueblo de Jáuregui está cansado, y es hora de iniciar un proceso tendiente a la relocalización de la planta industrial como salida a la conflictividad social y a este histórico reclamo popular.
Gentileza "Tinta Verde"
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