En nuestro blog observamos algún comentario que desmentía que CURTARSA poseyera cavas en las inmediaciones del basural por la ruta 192.
Nos trasladamos hasta este lugar y pudimos observar que el predio responde a la empresa S.A.I.A...lugar intimamente relacionado con la curtiembre ya que sus camiones arrojaban los barros contaminados..
Nos trasladamos hasta este lugar y pudimos observar que el predio responde a la empresa S.A.I.A...lugar intimamente relacionado con la curtiembre ya que sus camiones arrojaban los barros contaminados..
En el lugar se emplaza una excavación, tipo tosquera. Pero lo que más nos llamo la atención, es que, en los predios linderos hay un par de excavaciones que se ignora su propietario, lo que si sabemos que todas son desmedidas, con una profundidad importante y que no se necesita ser erudito en ninguna materia para entender que todo esto se realiza sin control alguno y que seguramente ocasionara grandes problemas en el ambiente.
Nos dio la impresión que no estabamos en Luján, sino en una zona serrana o montañosa y ni hablar cuando ingresamos al basural ya estamos en presencia de un paisaje de otro planeta...es increible y lamentable que sto suceda en nuestra ciudad...muy penoso.
Les agregamos fotos...ya que por ahi se atreven a desmentir también esto.
El predio de la curtiembre tiene en todo su frente un camuflaje forestal que algunos opinaron que era para ocultar lo que se hacia en el interior y para que los olores se elevarán, es decir los arboles cumplen una funcion como de cortina...solo ellos sabran la verdad.
Para avalar todos estos dichos agregamos una nota perteneciente al biseminario "EL CIVISMO" , donde podrán observar que las CAVAS EXISTEN, que se encuentran en la zona que denunciáramos, que en el lugar la curtiembre arrojo durante años los barros, que las mismas fueron autorizadas por SALLABERRY por el decreto 224, que los reclamos tienen mas de una década, y a quien se le reclamo en todos estos años... si si el concejal que hoy pide la "relocalización" el Sr PRINCE, el que viene ocupando cargos publicos desde hace veinte años permitiendo con su omisión e inoperancia que todo esto sucediera, miren también los funcionarios que lo acompañaban también de alguna manera son responsables. Por último se afirma por análisis realizados que las aguas ya por el 97 estaban contaminadas con cromo.
Para avalar todos estos dichos agregamos una nota perteneciente al biseminario "EL CIVISMO" , donde podrán observar que las CAVAS EXISTEN, que se encuentran en la zona que denunciáramos, que en el lugar la curtiembre arrojo durante años los barros, que las mismas fueron autorizadas por SALLABERRY por el decreto 224, que los reclamos tienen mas de una década, y a quien se le reclamo en todos estos años... si si el concejal que hoy pide la "relocalización" el Sr PRINCE, el que viene ocupando cargos publicos desde hace veinte años permitiendo con su omisión e inoperancia que todo esto sucediera, miren también los funcionarios que lo acompañaban también de alguna manera son responsables. Por último se afirma por análisis realizados que las aguas ya por el 97 estaban contaminadas con cromo.
Los invitamos a leer el articulo:
"9/10/2009 - A los inconvenientes generados por los efluentes líquidos y gaseosos de Curtarsa, se suma la siempre controvertida disposición final de los desperdicios semisólidos, conocidos vulgarmente como barros. El conflicto más reciente sobre este aspecto no siempre visualizado de la problemática, está relacionado con la intención de la empresa de habilitar un horno para el secado de esos elementos, potencialmente nocivos para la salud y el medio ambiente.
Sin embargo, las controversias sobre el depósito de esos desperdicios tienen un primer antecedente que remite a septiembre de 1980. En esa oportunidad, el entonces intendente de facto Silverio Pedro Salaberry firmó el decreto 224 mediante el cual se autorizó a Curtarsa a utilizar un predio ubicado en la ruta 192 –a escasos metros del actual basural municipal- como depósito de sus barros. En el segundo artículo de la resolución se especificaba que la autorización quedaba sujeta "al correcto funcionamiento de su planta depuradora". También se detallaba que el traslado de esos residuos se haría en vehículos "y por medios que aseguren la total ausencia de molestias a la población y derrames de aquellos".
Por otra parte, Curtarsa debía aplicar a los barros un tratamiento "que asegure su rápida cobertura de manera de garantizar la ausencia total de olores, emanaciones, contaminación de cursos de aguas, que pudieran resultar de la exposición al aire libre de los barros y residuos sólidos".
Un año después, la firma recibió otro espaldarazo, en ese caso del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Casualmente el 24 de marzo la dependencia autorizó la descarga de los efluentes sólidos.
A partir de ese momento, no se registraron mayores novedades sobre el estado de las cavas de la ruta 192. Los cuestionamientos surgieron varios años después de la mano del reclamo que los vecinos comenzaron a llevar a cabo a mediados de la década pasada.
El 31 de agosto de 1995, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional de Avellaneda presentó los análisis fisicoquímicos de residuos sólidos realizados en las cavas de Curtarsa, de acuerdo a lo establecido por la Administración General de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Esos estudios determinaban que los desechos de Curtarsa excedían "los límites permisibles para hidrocarburos y cromo total".
De esos años datan incontables expedientes, en su mayoría de carácter provincial, referidos a la siempre controvertida disposición de barros efectuada por la curtiembre, que aseguraba la puesta en marcha de un plan de inversión en la planta de producción y en la planta de tratamiento de efluentes. También comunicaba su intención de utilizar los barros para la fabricación de ladrillos o como fertilizantes.
El 20 de febrero de 1997, vecinos cercanos al predio que la empresa tiene en la ruta 192 elevaron una nota al intendente Miguel Prince donde solicitaban de manera urgente que el municipio dispusiera la finalización de las descargas realizadas por la empresa.
"Cada día nos toca soportar olores, moscas, molestias de todo tipo. Estar con miedo por lo que nos puede pasar. No queremos más contaminación, olores y malestar. Los barros tienen ácido y otro montón de cosas que no sabemos qué son. Hay ahí cerca una escuela primaria, que también se ve afectada por todo esto", explicaban los vecinos.
A su vez, la entonces coordinadora de Medio Ambiente del municipio, María Silvia Giordano, planteaba en un documento interno "la necesidad de rever las condiciones de la resolución 224, tanto por su ubicación como por el tratamiento, que deberán asegurar la ausencia total de olores, emanaciones y contaminación de los cursos de agua, de modo que la alteración al medio se mantenga, en todo momento, dentro de los límites permisibles para la defensa del ambiente y en pos del resguardo de la salubridad pública".
La funcionaria argumentaba su explicación al recordar que el polémico predio se ubicaba muy próximo a los barrios Santa Marta, San Jorge, San Pedro y San Fermín, que en ese momento no contaban con agua corriente. En el informe, elevado a la secretaria de Política Social, Claudia Prince, Giordano detallaba que una muestra realizada en un pozo domiciliario cercano a las cavas de Curtarsa indicaba presencia de cromo en el agua..."
"9/10/2009 - A los inconvenientes generados por los efluentes líquidos y gaseosos de Curtarsa, se suma la siempre controvertida disposición final de los desperdicios semisólidos, conocidos vulgarmente como barros. El conflicto más reciente sobre este aspecto no siempre visualizado de la problemática, está relacionado con la intención de la empresa de habilitar un horno para el secado de esos elementos, potencialmente nocivos para la salud y el medio ambiente.
Sin embargo, las controversias sobre el depósito de esos desperdicios tienen un primer antecedente que remite a septiembre de 1980. En esa oportunidad, el entonces intendente de facto Silverio Pedro Salaberry firmó el decreto 224 mediante el cual se autorizó a Curtarsa a utilizar un predio ubicado en la ruta 192 –a escasos metros del actual basural municipal- como depósito de sus barros. En el segundo artículo de la resolución se especificaba que la autorización quedaba sujeta "al correcto funcionamiento de su planta depuradora". También se detallaba que el traslado de esos residuos se haría en vehículos "y por medios que aseguren la total ausencia de molestias a la población y derrames de aquellos".
Por otra parte, Curtarsa debía aplicar a los barros un tratamiento "que asegure su rápida cobertura de manera de garantizar la ausencia total de olores, emanaciones, contaminación de cursos de aguas, que pudieran resultar de la exposición al aire libre de los barros y residuos sólidos".
Un año después, la firma recibió otro espaldarazo, en ese caso del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Casualmente el 24 de marzo la dependencia autorizó la descarga de los efluentes sólidos.
A partir de ese momento, no se registraron mayores novedades sobre el estado de las cavas de la ruta 192. Los cuestionamientos surgieron varios años después de la mano del reclamo que los vecinos comenzaron a llevar a cabo a mediados de la década pasada.
El 31 de agosto de 1995, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional de Avellaneda presentó los análisis fisicoquímicos de residuos sólidos realizados en las cavas de Curtarsa, de acuerdo a lo establecido por la Administración General de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Esos estudios determinaban que los desechos de Curtarsa excedían "los límites permisibles para hidrocarburos y cromo total".
De esos años datan incontables expedientes, en su mayoría de carácter provincial, referidos a la siempre controvertida disposición de barros efectuada por la curtiembre, que aseguraba la puesta en marcha de un plan de inversión en la planta de producción y en la planta de tratamiento de efluentes. También comunicaba su intención de utilizar los barros para la fabricación de ladrillos o como fertilizantes.
El 20 de febrero de 1997, vecinos cercanos al predio que la empresa tiene en la ruta 192 elevaron una nota al intendente Miguel Prince donde solicitaban de manera urgente que el municipio dispusiera la finalización de las descargas realizadas por la empresa.
"Cada día nos toca soportar olores, moscas, molestias de todo tipo. Estar con miedo por lo que nos puede pasar. No queremos más contaminación, olores y malestar. Los barros tienen ácido y otro montón de cosas que no sabemos qué son. Hay ahí cerca una escuela primaria, que también se ve afectada por todo esto", explicaban los vecinos.
A su vez, la entonces coordinadora de Medio Ambiente del municipio, María Silvia Giordano, planteaba en un documento interno "la necesidad de rever las condiciones de la resolución 224, tanto por su ubicación como por el tratamiento, que deberán asegurar la ausencia total de olores, emanaciones y contaminación de los cursos de agua, de modo que la alteración al medio se mantenga, en todo momento, dentro de los límites permisibles para la defensa del ambiente y en pos del resguardo de la salubridad pública".
La funcionaria argumentaba su explicación al recordar que el polémico predio se ubicaba muy próximo a los barrios Santa Marta, San Jorge, San Pedro y San Fermín, que en ese momento no contaban con agua corriente. En el informe, elevado a la secretaria de Política Social, Claudia Prince, Giordano detallaba que una muestra realizada en un pozo domiciliario cercano a las cavas de Curtarsa indicaba presencia de cromo en el agua..."
Gentileza "El civismo".
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